BUENOS AIRES.- Las negociaciones salariales entre el Gobierno, las empresas y los gremios arrancarán en las próximas semanas en medio de un tenso clima por la diferencia de casi siete puntos entre el 25% "de piso" que exigen los trabajadores y el 18% que pretende firmar el Poder Ejecutivo.

El ministro de Educación, Alberto Sileoni, intentará en la primera semana de febrero acordar la mejora salarial con los sindicatos para marcar la cancha a las paritarias provinciales, en un escenario con gobernadores asfixiados por el déficit fiscal y con una íntima dependencia de la Nación.

La oferta de Sileoni será del 18%, aunque el techo llegaría al 22% para el caso que los gremios se pongan firmes con sus reclamos y estiren las negociaciones.

El secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, afirmó que "la discusión salarial debe darse por encima del 25%" de aumento y con una cláusula que permita la reapertura del diálogo en julio.

En la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), línea oficialista, el secretario general, Hugo Yasky consideró que la suba no podría ser menor al 25% y su colaborador Pedro Wasiejko añadió que los salarios deberían "ajustarse cada tres o cuatro meses" por la inflación.

Los gremios que nuclean a privados aguardan los planteos que Hugo Moyano -líder de la Confederación General del Trabajo (CGT) y ahora alejado del Gobierno por reclamos sin respuesta- realizará a la Cámara del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), para tomarlo como parámetro y reclamar en consecuencia.

Lo cierto es que hay un marcado desfasaje entre los salarios de los camioneros, recompuestos con fuerza en los últimos años, y los de otros sectores que avanzaron a paso lento y quedaron a manos con la inflación, o en algunos casos perdieron la batalla.

Los industriales encolumnados de tras de José Ignacio de Mendiguren, en tanto, vienen manteniendo silencio y analizando con incertidumbre cómo será el año, aunque por lo bajo indican que la mejoras salariales deben ser inferiores a las de 2011 si el objetivo es comenzar a atender la inflación.

Pero Moyano no se bajaría de una mejora superior de un 24%, igual a la de 2011, a pesar de que los relevamientos privados indican que la inflación del año pasado estuvo apenas por debajo de ese nivel y seguiría desacelerando este año.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, salió a advertir que serán los trabajadores los que pagarán el diferencial de tarifas cuando lleguen a los hogares las boletas de luz, agua y gas, e incluso el boleto de colectivos si es que el Gobierno recorta los subsidios.

El sindicalista indicó que el boleto de colectivos urbanos pasaría a costar $ 3,50, lo cual significaría un incremento mayor al 200% y un impacto sobre los haberes.

Arrancará así un año económico difícil en el que la intención oficial es recortar el gasto público para contener el proceso inflacionario actual. (NA)